La reciente intervención del primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) dejó claro que a partir de 2025 las tarifas de internet de ETECSA sufrirán un incremento. Este anuncio, en un contexto de profunda crisis económica, ha generado una ola de críticas debido al impacto que estas medidas tendrán en el acceso a la información y las comunicaciones en la isla.
Las Nuevas Tarifas: Más Costos para los Cubanos
Marrero explicó que el objetivo principal de estas medidas es "captar divisas", una estrategia histórica del régimen cubano que prioriza la obtención de ingresos en monedas extranjeras a expensas de los derechos y las necesidades de la población. Entre las disposiciones anunciadas se destacan:
Ajustes en las tarifas en moneda nacional con límites de consumo: “A partir de ahí, el que quiera gastar más tendrá que pagar otro precio”, señaló Marrero.
Introducción de paquetes en divisas con servicios adicionales: “Se hará un grupo de paquetes para estimular la entrada de divisas, con servicios adicionales que hoy no se prestan. Todo esto va a permitir generar ingresos”, enfatizó.
Aunque no se han detallado los precios ni las fechas exactas de implementación, estas medidas refuerzan una práctica establecida desde los años 90: ofrecer servicios esenciales únicamente a quienes puedan pagarlos en divisas, excluyendo de facto a los sectores más vulnerables de la población.
Un Apartheid Económico en Nombre de la Revolución
El aumento de tarifas en ETECSA es una manifestación más de la política histórica de la "revolución" cubana, que ha priorizado la captación de divisas como eje central de su economía. Esta estrategia ha dado lugar a una especie de apartheid económico, donde servicios esenciales, como internet, son accesibles únicamente para quienes tienen acceso a ingresos en monedas extranjeras o remesas.
En un país donde los pensionados y personas asistenciadas reciben ingresos mensuales de 1,270 CUP, equivalentes a 3,9 dólares en el mercado informal, el único accesible para adquirir divisas, estas tarifas excluyen directamente a los sectores más vulnerables.
Mientras el régimen exhibe en escenarios internacionales un discurso de inclusión y justicia social, la realidad dentro de la isla está marcada por la exclusión y las profundas desigualdades. Este contraste entre la retórica oficial y la experiencia diaria de los ciudadanos revela una narrativa vacía, alejada de las promesas de igualdad que el gobierno defiende ante el mundo.
La Realidad Detrás del “Internet Más Barato del Caribe”
El gobierno cubano ha afirmado en varias ocasiones que el servicio de internet en la isla es “el más barato del Caribe”. Sin embargo, esta afirmación, además de ser cuestionable, ignora por completo la realidad económica de la mayoría de los cubanos. Aunque el costo de un gigabyte podría parecer bajo al compararlo con otras tarifas de la región, esta narrativa omite que cubrir necesidades básicas es ya un desafío diario para la mayoría de la población.
Este tipo de discursos, utilizados frecuentemente por el gobierno, sirven para justificar las políticas de exclusión mientras ocultan el impacto real de estas medidas en la población. La desconexión entre las afirmaciones oficiales y la experiencia diaria de los ciudadanos refuerza la percepción de que el acceso a internet sigue siendo un privilegio, más que un derecho garantizado.
Restricciones al Derecho a la Información
Además de los impactos económicos, estas medidas profundizan la restricción al acceso a una información libre y sin censura, un derecho fundamental. En Cuba, donde el control estatal sobre los medios de comunicación es absoluto, el acceso a internet representa uno de los pocos espacios para informarse más allá de la narrativa oficial del Partido Comunista.
Al introducir tarifas prohibitivas y paquetes en divisas, el gobierno no solo busca captar ingresos, sino también reforzar su control sobre el flujo de información. Aquellos que no puedan costear los nuevos precios quedarán aún más aislados de las redes globales, limitando sus posibilidades de acceder a contenido independiente y crítico.
Las telecomunicaciones no son un lujo, son un derecho esencial para la participación activa, el acceso a la información y a servicios esenciales de la sociedad.