El debate sobre la ética y el control digital se intensifica en Cuba, mientras el régimen recurre a supuestos argumentos de protección a la sensibilidad para justificar medidas punitivas. Recientemente, se han difundido en redes imágenes sensibles –como fotografías y videos de personalidades culturales fallecidas en accidentes, o el desgarrador caso del niño succionado por una alcantarilla destapada en una calle inundada de La Habana– que, según el oficialismo, evidencian la necesidad de un uso “ético” de estos espacios.
Según declaraciones en el programa Hacemos Cuba, el régimen advierte que las publicaciones en redes sociales que contravengan los lineamientos estatales podrán acarrear decomisos y penas de cárcel. David Wong Sio, directivo del Ministerio de Comunicaciones, afirmó que el régimen puede encarcelar, multar e incluso decomisar celulares y otros dispositivos utilizados para divulgar información, llegando incluso a vender estos equipos posteriormente.
Entre las amenazas esgrimidas se destacan las siguientes citas:
“…se sanciona [la calumnia] con privación de libertad de uno a tres años si esa calumnia es a través de redes sociales… y lo mismo aplica para la injuria.”
“…se pueden decomisar los equipos y medios utilizados… los equipos y medios de comisados pasan sin derecho a pago alguno al dominio del Ministerio de Comunicación.”
“…difundir noticias falsas con la finalidad de provocar alarma, descontento o desinformación, se sanciona con privación de libertad de dos a cinco años.”
En el papel, estas leyes abordan problemáticas legítimas que requieren atención, como combatir la desinformación y el acoso en línea, y promover un uso responsable de la tecnología. Sin embargo, no se puede obviar el buenismo con el que se enmascara todo el aparato represivo del Estado cubano. Lo que en teoría son medidas para proteger la integridad y el orden público se han convertido en herramientas para silenciar a la disidencia y difamar a quienes cuestionan la narrativa oficial.
Las medidas punitivas se amparan en diversas figuras legales, entre las que destacan el Decreto Ley 370 y el Decreto Ley 35, así como la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Comunicación Social. Estas normativas, en apariencia diseñadas para regular el uso de las tecnologías digitales y garantizar la ética en la comunicación, terminan siendo aplicadas de manera arbitraria. Así, mientras en el papel se proponen sanciones para conductas que afecten la moral y el orden, en la práctica estas disposiciones se utilizan para amedrentar a críticos y disidentes, evidenciando una preocupante desviación de sus objetivos originales.
La interpretación y aplicación de estas normas queda completamente a discreción de las autoridades. En un país donde no existe un verdadero Estado de derecho, la presunción de inocencia es ignorada y la intervención de las fuerzas represivas se lleva a cabo sin el respaldo de un juez con autoridad real. Desde el decomiso de dispositivos hasta la imposición de penas privativas de libertad, la ley se utiliza como instrumento para acallar cualquier forma de crítica, disfrazando el control digital de un pretexto ético.
Todo este debate se intensifica en un contexto en el que el régimen cubano se ve cada día más superado por el alcance de las redes sociales y el trabajo incansable de la prensa independiente. Ciudadanos que, en busca de justicia y rendición de cuentas, se ven obligados a convertirse en reporteros de sus propias experiencias, desnudan en tiempo real los excesos de las autoridades, el abandono estatal y el colapso en todas las esferas de la sociedad. Esta dinámica no solo pone en evidencia la brecha entre la normativa y su aplicación, sino que también subraya la urgencia de contar con mecanismos que garanticen la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales en un entorno digital en constante evolución.
