El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor en 1976. Forma parte, junto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del núcleo central del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Este tratado reconoce derechos fundamentales relacionados con las condiciones de vida digna, la igualdad y la justicia social.
Entre los derechos consagrados se encuentran el derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, una vivienda adecuada, la alimentación, la participación en la vida cultural y el acceso al progreso científico. El pacto obliga a los Estados parte a adoptar medidas progresivas para la realización efectiva de estos derechos, tomando en cuenta los recursos disponibles y garantizando que no haya retrocesos injustificados.
El cumplimiento del PIDESC es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que examina informes periódicos presentados por los Estados. En contextos donde hay pobreza estructural, exclusión social o políticas regresivas, este tratado proporciona herramientas legales y políticas para la exigibilidad de derechos colectivos e individuales.