La Ley No. 152 de Ejecución Penal fue aprobada en octubre de 2021 como parte del paquete legislativo que reformó el sistema penal cubano, y entró en vigor el 1 de enero de 2022. Establece las normas que rigen el cumplimiento de las sanciones penales, las condiciones de reclusión, las medidas alternativas a la prisión y la función de los órganos encargados de ejecutar las penas. Aunque la ley introduce conceptos relacionados con la rehabilitación social y el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad, en la práctica se han documentado múltiples violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario cubano. Estas incluyen tratos crueles, falta de acceso a atención médica, restricciones arbitrarias a visitas familiares y represión de presos por motivos políticos.
