La Ley No. 143 del Proceso Penal fue aprobada en octubre de 2021 y entró en vigor el 1 de enero de 2022. Esta norma sustituyó a la anterior Ley de Procedimiento Penal de 1977 e introduce algunos principios del debido proceso, como el derecho a la defensa desde el inicio de la investigación penal y la posibilidad de acceder a un abogado antes del juicio. Sin embargo, persisten prácticas que vulneran derechos fundamentales, como la detención prolongada sin supervisión judicial efectiva y la restricción de garantías en causas consideradas de “seguridad del Estado”. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, en la práctica, esta ley no impide el uso de procesos penales como herramienta de represión contra la disidencia, especialmente tras las protestas de julio de 2021.
