El Decreto Ley 370, aprobado en 2019, establece disposiciones para el desarrollo y control del proceso de informatización en Cuba. Aunque presenta medidas para impulsar el uso de las tecnologías de la información en sectores económicos y sociales, su artículo 68 inciso i ha generado amplia preocupación nacional e internacional. Esta disposición sanciona la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” a través de redes sociales u otras plataformas digitales, lo que ha sido utilizado como base legal para multar, intimidar y silenciar a periodistas independientes, activistas y ciudadanos que expresan opiniones críticas en internet.
Organizaciones defensoras de los derechos digitales han denunciado que este decreto viola el derecho a la libertad de expresión y promueve la autocensura, al aplicar criterios ambiguos y arbitrarios en su interpretación. También se cuestiona la falta de garantías judiciales y la imposibilidad de apelar las sanciones impuestas de forma administrativa.
