El Decreto Ley 35, aprobado en agosto de 2021, establece el marco regulador de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la gestión del espectro radioeléctrico en Cuba. Esta norma regula el uso de redes digitales, los servicios de telecomunicaciones, las infraestructuras asociadas y las conductas de los usuarios en entornos digitales. Junto a resoluciones complementarias, como la Resolución 105 del Mincos, introduce una clasificación de incidentes de ciberseguridad que penaliza contenidos considerados subversivos, difamatorios o que afecten el orden público.
Diversas organizaciones han denunciado que el Decreto Ley 35 es utilizado como herramienta de vigilancia y control sobre la actividad digital de la ciudadanía. La ambigüedad en los conceptos empleados permite una aplicación discrecional, lo que restringe el derecho a la libertad de expresión, especialmente en redes sociales. La norma legitima la censura y habilita mecanismos de monitoreo estatal sin garantías de protección de datos ni supervisión independiente.
