La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, con motivo del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento reconoce el papel fundamental de las personas, organizaciones y colectivos que promueven y protegen los derechos humanos, y establece principios esenciales para su reconocimiento, protección y apoyo.
La Declaración afirma el derecho de toda persona a denunciar violaciones de derechos humanos, a buscar y difundir información, a reunirse pacíficamente, a participar en organizaciones y a colaborar con mecanismos internacionales. También obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y libre de represalias para quienes ejercen esta labor. Aunque no es un tratado vinculante, constituye un marco normativo clave para legitimar y defender el activismo en derechos humanos a nivel global.
En contextos represivos, los defensores enfrentan amenazas, vigilancia, criminalización y campañas de descrédito. Por eso, esta Declaración se ha convertido en una herramienta esencial para exigir la protección internacional y denunciar los obstáculos sistemáticos que enfrentan quienes defienden la dignidad y la justicia.