La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 y entró en vigor en 2008. Este tratado marca un cambio de paradigma al reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos y no como objetos de asistencia o caridad. Su objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad.
La Convención aborda temas clave como la accesibilidad, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la vida independiente, el acceso a la educación, la salud, el trabajo, la participación política y la protección contra la violencia. También establece la obligación de adaptar las leyes, políticas y entornos físicos, sociales y comunicacionales para eliminar barreras y garantizar la inclusión efectiva.
Los Estados parte deben presentar informes periódicos ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual evalúa su cumplimiento y emite recomendaciones. En entornos donde persiste la exclusión, el estigma o la falta de accesibilidad, esta convención ofrece un marco claro para la exigencia de cambios estructurales y el reconocimiento de la diversidad como un valor social.