La Convención contra la Tortura fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984 y entró en vigor en 1987. Es uno de los tratados fundamentales del sistema internacional de derechos humanos y establece la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en cualquier circunstancia. Obliga a los Estados parte a prevenir, investigar y sancionar estos actos, y a garantizar protección efectiva a las víctimas.
La Convención define con claridad qué se entiende por tortura, establece la inadmisibilidad de pruebas obtenidas bajo coacción y reconoce el derecho de toda persona a presentar denuncias ante autoridades competentes. También prevé mecanismos internacionales de seguimiento, incluyendo el Comité contra la Tortura, al cual los Estados deben rendir informes periódicos.
La ratificación de este tratado implica el compromiso del Estado de adaptar su legislación y práctica institucional para erradicar cualquier forma de tortura. No obstante, en contextos donde existe opacidad institucional, falta de garantías procesales y represión política, las obligaciones de esta Convención suelen ser ignoradas o incumplidas en la práctica, lo que ha sido motivo de observaciones y recomendaciones internacionales.