El Código Penal de Cuba, aprobado como Ley No. 151 en 2022, entró en vigor el 1 de diciembre de ese año. Sustituyó al anterior Código de 1987 con el objetivo de actualizar el sistema penal bajo los principios del constitucionalismo socialista. Esta norma amplía las sanciones en áreas como la seguridad del Estado, el orden público y el uso de tecnologías, incorporando nuevos delitos vinculados al ejercicio de derechos en el entorno digital.
Diversas organizaciones han alertado que este Código refuerza mecanismos de control estatal y limita libertades fundamentales como la expresión, la reunión pacífica y la participación cívica. Se mantienen figuras penales como el “desacato” y los “desórdenes públicos”, mientras se criminaliza el financiamiento externo a periodistas, ONG y activistas. También se conserva la pena de muerte y se amplía su aplicación, lo que ha generado fuertes críticas en materia de derechos humanos.
En lugar de ofrecer mayores garantías legales, esta ley fortalece el aparato represivo del Estado, incrementando los riesgos para quienes ejercen la disidencia o defienden derechos desde la sociedad civil cubana.
