Inspectores de la Comunicación Social: Un nuevo engranaje en el aparato represivo del Estado cubano

27 Nov 2024

El gobierno cubano ha dado un paso más en su control sobre la información con la creación de los inspectores de la comunicación social, figuras subordinadas al Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), que tendrán la tarea de “controlar y fiscalizar” los procesos comunicativos en todo el país. Esta medida, amparada por la Ley No. 162/2023 de Comunicación Social, refuerza el monopolio estatal sobre la información y limita aún más los derechos a la libertad de expresión y de prensa en Cuba.

Los inspectores: un mecanismo de censura institucionalizada

De acuerdo con la Ley No. 162, los inspectores tienen la facultad de supervisar los procesos comunicativos en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario. Según el Artículo 13, inciso 3, tienen la tarea de garantizar que los contenidos no “subviertan el orden constitucional” ni “desestabilicen el Estado socialista”. Esta disposición, vaga y abierta a interpretaciones, permite sancionar cualquier discurso crítico contra el régimen bajo pretextos arbitrarios.

Además, el Artículo 51 obliga a los generadores de contenido digital a implementar procedimientos de autorregulación para evitar publicaciones que violen las normativas de la ley, mientras que el Artículo 54 otorga a los proveedores de telecomunicaciones la responsabilidad de monitorear y notificar sobre violaciones, consolidando un sistema de vigilancia masiva sobre los ciudadanos.

Las disposiciones de la ley: un marco para la represión

La Ley No. 162 se presenta como una herramienta para regular los procesos de comunicación social, pero en realidad refuerza el aparato represivo del Estado. Entre las disposiciones más preocupantes se encuentran:

Discriminación selectiva
El Artículo 13, inciso 2.e prohíbe actos que impliquen:

“Acosar, coaccionar, humillar o discriminar a una persona o grupos, por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.”

Sin embargo, como ocurre también en la Constitución, la ley omite mencionar la discriminación por razones de opinión política, una práctica sistemática del Estado cubano para reprimir a quienes expresan ideas disidentes o críticas hacia el gobierno.

Criminalización de la libertad de expresión
El Artículo 13, inciso 3.i establece que es delito:

“Difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país.”

En un país donde no existe un sistema de justicia independiente, esta disposición permite al gobierno procesar judicialmente a cualquier ciudadano que emita críticas legítimas contra las instituciones estatales o sus líderes.

Ambigüedad normativa
La ley utiliza términos vagos como “interés del Estado” y “otras disposiciones normativas” para justificar medidas arbitrarias. Estas lagunas legales permiten al gobierno aplicar la ley de manera discrecional, criminalizando acciones legítimas de la sociedad civil.

El caso de Sulmira Martínez Pérez

Un ejemplo claro del uso de estas normativas para reprimir el disenso es el caso de Sulmira Martínez Pérez, una joven de 22 años encarcelada desde enero de 2023 por publicar en redes sociales mensajes que pedían a los cubanos expresarse y manifestarse pacíficamente.

Casi dos años después, Sulmira enfrenta un juicio en el que la fiscalía solicita 10 años de privación de libertad, un castigo desproporcionado que evidencia cómo el gobierno utiliza la ley para criminalizar a quienes alzan su voz.

La creación de los inspectores de la comunicación social bajo la Ley No. 162/2023 es un paso más en la estrategia del gobierno cubano para sofocar cualquier forma de disenso. A través de disposiciones legales ambiguas y un control absoluto sobre los medios y el ciberespacio, el régimen refuerza su capacidad para censurar y reprimir.

En un país donde la crítica se convierte en delito y los defensores de derechos humanos enfrentan persecuciones sistemáticas, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a no pasar por alto esta nueva normativa ni las implicaciones de su aplicación en el futuro. Es crucial mantener una vigilancia activa y exigir al gobierno cubano el respeto por los derechos fundamentales de sus ciudadanos, garantizando que no se utilicen estas disposiciones para justificar la censura y la represión.

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