El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002 y entró en vigor en 2006. Este instrumento complementa la [Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes] mediante la creación de un sistema internacional de prevención, centrado en la realización de visitas periódicas a lugares donde se encuentren personas privadas de libertad.
El protocolo establece un Subcomité para la Prevención de la Tortura, bajo el mandato del Comité contra la Tortura, con competencias para realizar inspecciones independientes en cárceles, estaciones de policía, hospitales psiquiátricos y otros centros de detención. Además, exige a los Estados parte la creación de mecanismos nacionales de prevención con autonomía funcional y acceso irrestricto a esos espacios.
Este sistema preventivo busca identificar condiciones que propicien la tortura o los malos tratos y emitir recomendaciones para corregirlas. El protocolo prohíbe represalias contra quienes colaboren con los mecanismos de supervisión y obliga a los Estados a cooperar activamente con el Subcomité. Su implementación ha sido reconocida como una herramienta clave para avanzar en la erradicación de la tortura desde un enfoque estructural y preventivo.