La Resolución A/HRC/32/L.20 fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio de 2016. Esta resolución afirma de manera categórica que “los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben también protegerse en línea”, incluyendo la libertad de expresión, la privacidad, la libertad de asociación, el acceso a la información y otros derechos fundamentales.
El texto reconoce el papel esencial de internet en la promoción del desarrollo, la democracia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Además, condena inequívocamente las restricciones arbitrarias al acceso o la difusión de información en línea, incluyendo los apagones de internet, el bloqueo de sitios y la censura digital.
La resolución insta a los Estados a adoptar medidas para cerrar las brechas de acceso, garantizar la asequibilidad y respetar los principios de neutralidad de la red. También destaca la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas que utilizan medios digitales para ejercer sus derechos.
Aunque no es jurídicamente vinculante, esta resolución ha sido clave para fortalecer el marco normativo global en torno a los derechos digitales y ha servido de base para múltiples pronunciamientos posteriores del sistema de la ONU.