El Protocolo de San Salvador fue adoptado en 1988 como instrumento adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reconoce y desarrolla los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del sistema interamericano, y entró en vigor en 1999. Establece obligaciones para los Estados en áreas como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, la alimentación adecuada, la cultura y el medio ambiente.
Este protocolo reafirma el principio de progresividad, es decir, que los Estados deben avanzar de manera continua hacia la plena efectividad de estos derechos, sin retrocesos injustificados. También establece que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita, que toda persona tiene derecho a condiciones dignas de trabajo y a una remuneración justa, y que se deben adoptar medidas para erradicar el hambre y garantizar la atención sanitaria.
Si bien su alcance contencioso ante la Corte Interamericana es limitado, el Protocolo permite a la Comisión Interamericana recibir informes periódicos de los Estados y evaluar el cumplimiento de los derechos protegidos. Su aplicación es clave en contextos de desigualdad estructural, pobreza o exclusión, donde el ejercicio de los derechos sociales sigue siendo una deuda pendiente.