La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, fue adoptada en 1969 en San José, Costa Rica, y entró en vigor en 1978. Es el principal instrumento del sistema interamericano de derechos humanos y establece obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados que la ratifican. Reconoce derechos civiles y políticos esenciales, como la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso, la libertad de pensamiento y de expresión, así como el derecho a la protección judicial.
Además, la Convención establece el funcionamiento de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, que actúan como órganos de monitoreo, promoción, protección y sanción frente a violaciones cometidas por los Estados. La Corte Interamericana tiene competencia contenciosa y consultiva, y sus sentencias son de obligatorio cumplimiento para los Estados parte.
La Convención también contempla el derecho de los individuos a presentar peticiones internacionales cuando no se han agotado los recursos internos o cuando estos son ineficaces. En contextos de represión, impunidad o falta de garantías judiciales, este tratado es una vía crucial para exigir justicia, reparación y garantías de no repetición.