La Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y entró en vigor en 2003. Es el principal instrumento internacional que protege los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, sin importar su situación migratoria. Reconoce que todas las personas migrantes, regulares o irregulares, tienen derecho a condiciones laborales justas, a la protección contra la explotación, al acceso a la justicia y a vivir con dignidad.
La Convención establece obligaciones para los Estados tanto de origen como de destino, incluyendo el respeto al principio de no discriminación, la reunificación familiar, el acceso a servicios básicos y la protección frente a la detención arbitraria y la deportación sin garantías. También prohíbe el trabajo forzoso, la violencia y el trato inhumano hacia personas migrantes.
Aunque es un tratado de gran relevancia en el contexto de las migraciones globales, su ratificación ha sido limitada, especialmente por parte de países receptores. En escenarios donde hay criminalización, xenofobia o exclusión institucional, esta Convención se convierte en una herramienta clave para exigir justicia, regularización y el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes y sus familias.