La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 y entró en vigor en 1969. Es uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos y obliga a los Estados parte a combatir la discriminación racial en todas sus formas, incluyendo las leyes, políticas, prácticas e ideologías que refuercen la desigualdad basada en la raza, el color, el origen nacional o étnico.
Esta convención exige la adopción de medidas para garantizar la igualdad de derechos en la educación, el empleo, la justicia, la participación política y el acceso a bienes y servicios. También prohíbe y sanciona la propaganda racista y los actos de violencia motivados por el odio racial. Su cumplimiento es supervisado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), ante el cual los Estados deben rendir cuentas mediante informes periódicos y donde también pueden activarse mecanismos de denuncia individual o colectiva.
En contextos donde existen formas estructurales de racismo institucional, segregación o exclusión por motivos étnico-raciales, esta convención representa una herramienta clave para la exigibilidad de derechos, la reparación y la transformación de políticas públicas hacia la justicia racial.