La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional más ampliamente ratificado en el mundo. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y entró en vigor en 1990. Reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, y establece obligaciones específicas para los Estados en materia de protección, desarrollo, participación y acceso a justicia para la infancia.
El texto consagra derechos esenciales como el acceso a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, al juego, a la identidad y a ser escuchados en todos los asuntos que les afecten. También prohíbe expresamente toda forma de maltrato, negligencia, tortura o privación arbitraria de libertad. La Convención exige que los Estados adopten medidas legislativas, administrativas y sociales que garanticen el interés superior del niño como principio rector.
Su implementación real supone retos significativos en contextos donde hay discriminación estructural, violencia institucional, pobreza o criminalización de la niñez y adolescencia. Por ello, el seguimiento por parte del Comité de los Derechos del Niño y la participación activa de la sociedad civil resultan fundamentales para hacer exigibles los compromisos asumidos.