El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor en 1976. Este tratado establece obligaciones vinculantes para los Estados parte en cuanto a la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a un juicio justo, la participación política, la libertad de religión y el respeto por la integridad y la vida de todas las personas.
Cuba firmó este pacto en 2008, pero hasta la fecha no lo ha ratificado, lo que impide su incorporación efectiva al ordenamiento jurídico nacional y deja sin garantía plena muchos de los derechos reconocidos en el texto. Diversas organizaciones han exigido su ratificación como paso fundamental para alinear las leyes cubanas con los estándares internacionales de derechos humanos. El incumplimiento de los principios del PIDCP ha sido evidente en contextos de represión política, censura, detenciones arbitrarias y restricciones a la participación ciudadana.