La Tabla de derechos y beneficios del Reglamento del Sistema Penitenciario recoge, de manera estructurada, los derechos básicos que deben garantizarse a las personas privadas de libertad en Cuba, así como los beneficios que pueden acceder en función de su conducta, participación en actividades laborales, educativas o de reeducación. Esta tabla especifica, entre otros aspectos, el número de visitas familiares permitidas, las comunicaciones con el exterior, el acceso a la salud, el régimen disciplinario y las condiciones para optar a cambios de régimen o libertad condicional.
Aunque este documento establece un marco formal de garantías mínimas, diversas organizaciones han denunciado que su aplicación es altamente discrecional y desigual. En la práctica, los derechos reconocidos en la tabla suelen ser restringidos o suspendidos como forma de castigo, especialmente en el caso de personas presas por motivos políticos o con reclamos públicos. La falta de supervisión independiente y de mecanismos de denuncia efectivos agrava la vulnerabilidad de las personas reclusas, particularmente en contextos de represión, huelgas de hambre o aislamiento prolongado.
