La Ley del Régimen Laboral Especial regula las condiciones de trabajo aplicables a las personas privadas de libertad en Cuba. Establece las bases para la organización del trabajo penitenciario, incluyendo la asignación de tareas, la duración de la jornada laboral, la remuneración, el régimen disciplinario y los supuestos de estímulo o sanción. Aunque se plantea como una vía para la reinserción social, en la práctica se ha señalado que este régimen facilita formas de trabajo forzado, con bajos salarios, condiciones precarias y sin garantías laborales reales. Diversas denuncias reportan que quienes no se acogen al régimen laboral son penalizados con limitaciones a beneficios, visitas o alimentación, lo que vulnera principios fundamentales de derechos humanos y tratados internacionales sobre trabajo digno y voluntario.
